Todos los miembros de la Unión Europea se abstuvieron cuando la Asamblea General de la ONU pidió en marzo reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas como el mayor crimen contra la humanidad y, además, reparar a los países afectados. Sus delegaciones calificaron la esclavitud de tragedia “sin parangón”, aseguraron que no debía olvidarse y enumeraron monumentos, fundaciones y políticas destinadas a preservar su memoria. Pero trazaron una línea roja en el terreno jurídico: rechazaron que, de aquel crimen cometido durante la época colonial, emanara hoy la obligación legal de reparar. Pese a la abstención europea, la resolución impulsada por Ghana y la Unión Africana (UA) salió adelante y puso sobre la mesa las demandas de un continente que sufrió la extracción de 12,5 millones de personas para ser explotadas en América: disculpas formales, la devolución de lo expoliado, compensaciones para los afectados y cambios legales y políticos que impidan que el racismo y la discriminación sigan reproduciendo aquel daño.
Todos los miembros de la Unión Europea se abstuvieron cuando la Asamblea General de la ONU pidió en marzo reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas como el mayor crimen contra la humanidad y, además, reparar a los países afectados. Sus delegaciones calificaron la esclavitud de tragedia “sin parangón”, aseguraron que no debía olvidarse y enumeraron monumentos, fundaciones y políticas destinadas a preservar su memoria. Pero trazaron una línea roja en el terreno jurídico: rechazaron que, de aquel crimen cometido durante la época colonial, emanara hoy la obligación legal de reparar. Pese a la abstención europea, la resolución impulsada por Ghana y la Unión Africana (UA) salió adelante y puso sobre la mesa las demandas de un continente que sufrió la extracción de 12,5 millones de personas para ser explotadas en América: disculpas formales, la devolución de lo expoliado, compensaciones para los afectados y cambios legales y políticos que impidan que el racismo y la discriminación sigan reproduciendo aquel daño. Seguir leyendo
Todos los miembros de la Unión Europea se abstuvieron cuando la Asamblea General de la ONU pidió en marzo reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas como el mayor crimen contra la humanidad y, además, reparar a los países afectados. Sus delegaciones calificaron la esclavitud de tragedia “sin parangón”, aseguraron que no debía olvidarse y enumeraron monumentos, fundaciones y políticas destinadas a preservar su memoria. Pero trazaron una línea roja en el terreno jurídico: rechazaron que, de aquel crimen cometido durante la época colonial, emanara hoy la obligación legal de reparar. Pese a la abstención europea, la resolución impulsada por Ghana y la Unión Africana (UA) salió adelante y puso sobre la mesa las demandas de un continente que sufrió la extracción de 12,5 millones de personas para ser explotadas en América: disculpas formales, la devolución de lo expoliado, compensaciones para los afectados y cambios legales y políticos que impidan que el racismo y la discriminación sigan reproduciendo aquel daño.
Europa no parte de cero. En los últimos años ha avanzado, aunque con cautela, por el terreno de la justicia reparadora. Cada vez más países reconocen la atrocidad de la trata y sus consecuencias actuales, pero solo Países Bajos, en 2022, y la Iglesia católica, en 2026, han llegado a pedir disculpas formales. También se multiplican las restituciones de objetos expoliados y otros gestos simbólicos, mientras las medidas más ambiciosas aún encuentran resistencias.
Como explica el historiador José Antonio Piqueras, autor de Negreros (Los Libros de la Catarata) y catedrático de la Universidad Jaume I, “el llevar africanos a América fue un fenómeno nuevo (distinto de las esclavitudes anteriores) porque racializó la esclavitud” a partir del siglo XVI. Melissa Hendrickse, asesora jurídica para Amnistía Internacional en Justicia Racial y Derecho Penal Internacional, afirma que los Estados europeos se han dado cuenta de que “no pueden quedarse de brazos cruzados”, pero tratan de contener la bomba. “Hacen lo mínimo imprescindible o intentan dictar las condiciones en las que ofrecen reparación. Pero es problemático porque reproduce el tipo de dinámica colonial entre los Estados europeos y sus antiguos dominios”, describe por videollamada.
EL PAÍS analiza qué ha hecho —y qué no— Europa en materia de reparaciones durante los últimos años y consulta a historiadores, juristas y especialistas para identificar las deudas que continúan sin saldarse.
Reconocer y pedir perdón
Arrepentirse no es lo mismo que pedir perdón, al menos jurídicamente. Este último acto implica dirigirse a las víctimas para reconocer que se ha cometido un error o un crimen en el pasado. En términos de reparaciones, esta diferencia no es menor, explica Ana Lucia Araújo, historiadora de la Universidad Howard, en Estados Unidos. “El arrepentimiento no implica el reconocimiento de un error”, señala.
Esta distinción no ha pasado desapercibida para los legisladores belgas. En 2022, un comité parlamentario encargado de examinar la dominación colonial sobre el Congo no consiguió ponerse de acuerdo sobre si el Estado debía decir que “se arrepiente” o que “pide disculpas”. Algunos diputados temían que el pedido de perdón oficial pudiera convertirse en el primer paso hacia demandas de reparaciones. Sin llegar a un acuerdo, los legisladores no aprobaron ninguna declaración.
“La disculpa es un primer paso, que puede no llevar a nada, pero para que haya reparación es un paso necesario y por eso siempre se ha evitado”, enfatiza Araújo. El significado del pedido de perdón depende de qué camino abren estas palabras. El expresidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, declaró hace dos años que su país había cometido “crímenes durante la colonización” y admitió que debía “pagar los costes”. Una declaración efímera que hizo a algunos periodistas —no a las víctimas— y que no fue seguida de medidas concretas.
Países Bajos es, hasta ahora, el único Estado que ha pedido perdón de manera oficial y que, consecuentemente, ha prometido actuar. En 2022, el entonces primer ministro Mark Rutte pidió disculpas por el papel del país en la esclavitud y, un año después, el rey Guillermo Alejandro hizo lo mismo en la ceremonia que se celebra anualmente por el aniversario de su abolición.
Este año, además, el papa León XIV, en nombre de la Iglesia Católica, se disculpó y reconoció, en términos particularmente claros, la responsabilidad histórica de la Iglesia, incluida su tardanza en condenar la esclavitud y su papel en legitimarla.
¿Cuánto costaría indemnizar?
Khanya B. Motshabi, profesor titular de Derecho en la Universidad de Free State, en Sudáfrica, explica a este diario que los países son “muy cautelosos” a la hora de pedir disculpas por temor a abrir la puerta, a nivel jurídico, a demandas de reparación económica.
Los cálculos de algunas consultorías y expertos apuntan a cifras millonarias. En 1999, se habló de 777 billones de dólares (unos 665 billones de euros). Luego, el experto en reparaciones por la esclavitud Thomas Craemer había calculado que el coste solo para EE UU oscilaría entre los 5,9 y 14,2 billones de dólares. En 2023, Brattle Group estimó que la cifra general ascendería entre los 100 y 130 billones de dólares. “Son cifras enormes. Las potencias colonizadoras tendrían que pagar más que el Producto Interior Bruto mundial [118 billones de dólares]”, afirma Motshabi.
Contrario a la tesis europea, el abogado defiende que las reparaciones sí proceden porque las consecuencias de la esclavitud persisten hoy en forma de discriminación racial sistémica, un fenómeno que sí está prohibido por el derecho internacional contemporáneo. Además, sostiene: “La prescripción es un concepto europeo. Pero, según las concepciones africanas del derecho, la deuda no caduca. Y no hay ninguna razón por la que el derecho internacional europeo y sus concepciones deban ser más aplicables que los principios africanos, asiáticos o latinoamericanos”. A finales de agosto, el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, compuesto por 18 expertos independientes, también determinó que los países están legalmente obligados a reparar la esclavitud.
Algunos Estados europeos han pagado indemnizaciones por casos puntuales relacionados con el colonialismo. Por ejemplo, en 2013, el Reino Unido pagó 19,9 millones de libras (23 millones de euros) a 5.228 kenianos por las torturas y abusos durante el levantamiento Mau Mau en la década de 1950. En 2021, Alemania perdió la batalla legal por el genocidio de los herero y los nama en Namibia. Aunque las víctimas pidieron reparaciones individuales, Berlín no aceptó y pidió pagar los 1.100 millones de euros a través de un programa de desarrollo.
Amnistía Internacional cuestiona que las indemnizaciones se paguen como ayuda al desarrollo. “No es una cuestión de caridad”, afirma Hendrickse. Pero reconoce que ganar estos pleitos es sumamente difícil. “Un litigio es muy caro y puede prolongarse durante años. A menudo, los Estados —especialmente los europeos— disponen de los recursos necesarios para retrasar y rebatir las demandas durante un período muy largo, lo que suele afectar a las comunidades afectadas”.
Mantener viva la memoria en el espacio público
Las indemnizaciones monetarias no son la única forma de resarcir el daño. De hecho, según explica la historiadora Araújo, los monumentos, museos, memoriales, cambios de nombres de espacios públicos o ceremonias son “importantes instrumentos de reparación simbólica”. Hacen visible aquello que durante mucho tiempo permaneció silenciado. “Al hacer del recuerdo de las víctimas un asunto público, pueden ayudar a una sociedad a elaborar episodios dolorosos de su pasado”, versa un documento sobre reparaciones elaborado por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas. “Al mismo tiempo, estas medidas pueden aliviar a las familias de la responsabilidad de mantener por sí solas esa memoria”, complementa el texto.
En Ámsterdam, un monumento conmemora desde 2002 la abolición de la esclavitud y, desde 2009, el país celebra allí el Keti Koti, el día de recuerdo de la esclavitud y su abolición. El Gobierno también decidió dedicar un año entero a la memoria de la esclavitud entre 2023 y 2024, financiando unas 200 iniciativas educativas, culturales y comunitarias. El proceso continúa con la creación de un Museo Nacional de la Esclavitud en Ámsterdam.
Francia también ha ido construyendo una memoria pública: Nantes cuenta con un memorial de la abolición y, desde 2006, el 10 de mayo se celebra el Día Internacional de la Memoria de la Esclavitud y su Abolición. En París, está previsto para 2027 un nuevo memorial a las víctimas de la esclavitud colonial, un jardín de 4.000 metros cuadrados cerca de la plaza de Trocadero, al lado de la torre Eiffel, donde aparecerán los nombres de unas 215.000 personas esclavizadas.
En el otro lado de la balanza, Portugal muestra las dificultades que atraviesan estas políticas relacionadas con la memoria: el proyecto ganador de un concurso público en 2017 para construir en Lisboa un monumento a las víctimas del tráfico de esclavos, diseñado por un artista de Angola, lleva años sin ser inaugurado debido a trabas burocráticas y políticas.
En España también siguen existiendo calles y estatuas que recuerdan el pasado esclavista. En 2018, el ayuntamiento de Barcelona decidió quitar una de ellas: la del traficante de esclavizados Antonio López, el marqués de Comillas.
Restituir lo expoliado
Entre las medidas de reparación listadas por la Unión Africana está la restitución de los objetos expoliados durante la colonia. Hace 20 años, el beninés Alan Godonou, una de las autoridades más importantes en restitución, aseguró que el 90% del patrimonio africano se encontraba fuera del continente, en los grandes museos. Hasta la fecha, no existe un recuento del número de objetos, archivos y restos humanos que han sido devueltos por Europa, pero sí hay un marcado impulso de estos procesos luego de que, en 2018, se publicara un estudio al respecto encargado por el presidente francés Emmanuel Macron. Desde entonces, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica han transferido la propiedad de piezas de museos europeos a instituciones africanas. También han optado por compartir la propiedad: por ejemplo, devuelven los objetos a través de préstamos de larga duración, como ha hecho Alemania con Namibia, o los ceden por cortos periodos para exposiciones. Otros, además, han publicado los inventarios de miles de piezas expoliadas durante la colonia.
Cada restitución ha sido una batalla. Por ejemplo, Alemania aún no ha devuelto la estatua camerunesa de la diosa Ngnonnso, expoliada en 1903, pese a que acordó hacerlo en 2022. La pieza sigue en el Museo Etnológico de Berlín.
Uno de los principales obstáculos es la poca información que hay sobre los objetos robados y sobre cómo empezar un litigio. Por eso, un grupo de mujeres creó la plataforma Open Restitution Africa, que documenta y centraliza la información sobre la restitución de patrimonio cultural africano y hace visibles los procesos en curso. Algunos investigadores han utilizado sus herramientas y contactos para avanzar en nuevas solicitudes a países europeos. Karen Ijumba, investigadora senior de la plataforma, reconoce que, aunque las devoluciones tardan, se ha avanzado en la visibilización del expolio y en el diálogo de cómo restituir y reparar a las comunidades. “Desde una perspectiva europea, el retorno se ve como tomar un objeto que está en Europa y volver a ponerlo en África. Pero, para nosotros, hay una serie de procesos adicionales para reparar lo que supuso esa extracción en términos de conocimiento, cultura y espiritualidad”, explica Ijumba por videollamada.
La resistencia de España y Portugal
Europa no avanza al mismo ritmo. Por un lado, Francia y Países Bajos han dado algunos de los pasos más significativos del continente. Por otro, España y Portugal “niegan su pasado esclavista”, a pesar de que “dos de cada tres africanos esclavizados acabaron en dominios de estos países en América”, recalca el historiador Piqueras, que dirige la Cátedra UNESCO de Esclavitudes y Afrodescendencia.
Este historiador explica que Portugal y España hicieron un reparto según el cual las costas africanas y el comercio de esclavizados quedaron en manos de Portugal. Sin embargo, era regulado por la corona española, que distribuía licencias a los comerciantes y cobraba el llamado Quinto Real: “La quinta parte de los beneficios que se originaban correspondía a la corona”, explica el catedrático.
Los españoles tuvieron un rol no solo en la trata “sino también como destino de africanos esclavizados”, señala el historiador Martín Rodrigo Alharilla, de la Universitat Pompeu Fabra. Para Alharilla, que hace dos años lanzó el proyecto divulgativo España esclavista, la esclavitud era un fenómeno extendido y generó fortunas que se mantienen hasta el día de hoy. Raquel Machaqueiro, antropóloga portuguesa e investigadora de la George Washington University, asevera que los beneficios fueron para toda la sociedad. “Era un comercio que permeaba todas las capas sociales y los más distintos negocios: intercambiaban almas al igual que tabaco, sal, jabón, aceite de ballena…”.
Pese a esto, en España, “hay una brecha entre la historia y la memoria” que dificulta cualquier esfuerzo en reconocer ese pasado, insiste Alharilla. En su perspectiva, el principal problema es del Estado y sus administraciones, porque en el campo de las artes, de la cultura y de la historiografía hay cada vez más iniciativas para rescatar esta memoria.
Portugal ha hecho aún menos, destacan los investigadores. Machaqueiro, que participa del proyecto internacional Slave Wrecks, que analiza la historia de la esclavitud a través de la arqueología marítima, señala que la sociedad portuguesa ha construido su identidad nacional en torno a la idea de los grandes hechos del descubrimiento. Según la experta, la sociedad portuguesa entiende que fue “un daño colateral de una misión mayor que era descubrir el mundo”.
“¿Cómo va a haber reparación sin reconocimiento?”, se pregunta Piqueras. Para el historiador, el tema se convierte hoy en un factor de guerra ideológica, cuando en realidad se trata de hechos sobre los cuales existe “documentación, archivos e información”.
Los logros y deudas pendientes de Francia y Países Bajos
Francia, cuyo imperio colonial sometió a cerca de cuatro millones de personas a la esclavitud, fue el primer país del mundo en reconocer la trata transatlántica como un crimen de lesa humanidad mediante la Ley Taubira, aprobada en 2001. Pierre-Yves Bocquet, director adjunto de la Fundación por la Memoria de la Esclavitud creada en 2019, asegura que tres elementos influyen en ese impulso: la presión de la sociedad civil, la presencia francesa en territorios de ultramar marcados por la esclavitud —Guadalupe, Guayana, Martinica, La Reunión y Mayotte— y ser el país con la población afrodescendiente más numerosa de Europa. Pero la ley Taubira nació con una resistencia política que se ha perpetuado: “No incluía el término reparación, ya que la mayoría de la Asamblea en aquel momento no quiso respaldarlo”, agrega Bocquet.
Tuvieron que pasar 25 años para que, por primera vez en la historia de Francia, un presidente hablara sobre reparaciones por la esclavitud. Lo hizo Emmanuel Macron el pasado mayo, aunque sin concretar medidas.
Entre tanto, Francia ha modificado los programas escolares, aprobó una ley para agilizar los trámites de devolución de piezas expoliadas y abolió el Código Negro, un decreto real del siglo XVII que regulaba la vida de los hombres y mujeres esclavizados.
Pero siguen abiertas cuestiones centrales, desde la indemnización que Haití se vio obligada a pagar a Francia tras su independencia en 1804 hasta las desigualdades en los territorios de ultramar o el racismo contra las personas negras. “La reparación nunca consiste en reparar el pasado; consiste en corregir problemas del presente que proceden de esa historia”, resume Bocquet.
Países Bajos, que redujo a la esclavitud a más de cinco millones de personas según una reciente investigación, también figura como un país pionero en reparaciones con sus disculpas de 2022. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Cambridge, esto fue posible gracias a décadas de presión de las comunidades afrodescendientes, el respaldo de aliados políticos y una mayor apertura institucional a las demandas de las minorías.
“Las disculpas marcaron un punto de partida importante. El reto ahora es cómo aprovechar ese momentum para avanzar hacia una verdadera justicia reparadora”, afirma, por videollamada, Bianca Groen Gallant, directora del Instituto Nacional sobre el Pasado y el Legado de la Esclavitud en los Países Bajos (NiNsee, por sus siglas en neerlandés).
A su juicio, tras las disculpas llegaron dos hitos relevantes: la creación del Comité Nacional de Memoria de la Esclavitud y la creación de un fondo de 200 millones de euros para subvencionar iniciativas de memoria y de lucha contra el racismo. Las convocatorias para pedir recursos abrieron en 2025 y terminarán en 2028. “Pero, deberíamos haber recibido mucho más”, considera. Además, para Groen Gallant, resarcir el daño no consiste únicamente en transferir dinero. Este año, NiNsee publicó un marco de reparaciones adaptado al contexto neerlandés que busca identificar cómo la esclavitud sigue influyendo en la sociedad actual. Del mantenimiento de esa presión social dependerá que las reparaciones no se queden solo en disculpas.
EL PAÍS
