<p>La promotora de los dos conciertos de <strong>Taylor Swift</strong> en Madrid el pasado año, Last Tour, ha emitido este jueves un comunicado tras la demanda civil interpuesta contra ella debido al impago de las liquidaciones de derechos de autor a la cantante estadounidense, y también a otros autores musicales entre los años 2022 y 2024. <a href=»https://www.elmundo.es/cultura/musica/2025/04/09/67f6b15721efa0735a8b45ca.html»>La noticia, adelantada por EL MUNDO</a>, señala que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclama a Last Tour que abone unos<strong> cuatro millones de euros</strong> que corresponden a creadores musicales, de los cuales la mitad, aproximadamente, se adeudan a Swift.</p>
Last Tour, demandada por adeudar dos millones de euros a Taylor Swift más otros dos millones a otros autores entre los años 2022 y 2024, se defiende en un comunicado.
La promotora de los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid el pasado año, Last Tour, ha emitido este jueves un comunicado tras la demanda civil interpuesta contra ella debido al impago de las liquidaciones de derechos de autor a la cantante estadounidense, y también a otros autores musicales entre los años 2022 y 2024. La noticia, adelantada por EL MUNDO, señala que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclama a Last Tour que abone unos cuatro millones de euros que corresponden a creadores musicales, de los cuales la mitad, aproximadamente, se adeudan a Swift.
«Last Tour», arranca el comunicado, «no se opone al derecho de autor, ni al pago de la remuneración equitativa correspondiente a los titulares de derechos, sino que rechaza la tarifa de SGAE y las prácticas de la entidad de gestión, cuya inadecuación ya ha sido confirmada en el pasado».
La promotora se refiere a la tarifa que la SGAE cobra en todos los espectáculos musicales en vivo. Tradicionalmente ésta era del 10% de la recaudación en taquilla, pero desde hace una década está fijada en un 8,5%, aunque para aquellos promotores «que cumplen una serie de requisitos, que son facilitar la información para liquidar y el repertorio que se utiliza en cada concierto, que es fundamental para la SGAE, la tarifa queda al final con esos descuentos en un 7,65%», explican a EL MUNDO fuentes de la entidad. Esa cantidad recaudada es luego repartida a los autores y/o editoriales musicales de las canciones interpretadas en directo. En el caso de Swift, los temas que canta han sido escritos o coescritos por ella, por lo que ella y su editorial serían las destinatarias finales de ese porcentaje.
«La postura de Last Tour se basa en el carácter abusivo de la tarifa de SGAE», prosigue el texto, «lo cual queda especialmente patente en el caso de los conciertos de Taylor Swift en Madrid, a los cuales SGAE pretende aplicar una tarifa del 8,5%, mientras que la tarifa que se aplica en el país de origen de la artista se limita a un 1,15%«. Desde la Sociedad se subraya que la tarifa se debe aplicar según el territorio donde se celebran los espectáculos, y que la propia Taylor Swift ha querido expresamente que sea la entidad local, en este caso la SGAE, la que recauda y luego reparta las cantidades correspondientes a derechos de autor».
Asimismo, la promotora asegura que «la cifra en la que SGAE estima la reclamación no es correcta» y que «Last Tour ha proporcionado a SGAE los certificados oficiales emitidos por la ticketera que se encargó de la venta de entradas de los conciertos de Taylor Swift y la cual fue designada por la propia artista». Y más: «SGAE ha obviado esas cifras, que son las reales, y que han sido confirmadas por una entidad absolutamente independiente de Last Tour, y ha emitido unas facturas por dichos conciertos que prácticamente duplican la cifra que correspondería recaudar. Last Tour ha requerido ha SGAE para que rectifique esas facturas y la entidad de gestión se ha negado a hacerlo, sin una base lógica, ni jurídica, y ha anunciado la presentación de una demanda«.
«No es cierto que Last Tour no facilite a SGAE la información de taquilla», afirma la parte demandada. «Precisamente uno de los puntos de las conversaciones que se estaban manteniendo entre Last Tour y SGAE giraba en torno a la información a facilitar por la promotora, dado que SGAE parece que considera insuficientes los certificados emitidos por terceros independientes y especializados en el servicio de venta de tickets».
Así, explican uno de los principales puntos de fricción, el precio de las entradas VIP, que se anunciaban a un valor de casi 600 euros, pero que, según SGAE, se computaron por unos 150: «En los conciertos de Taylor Swift existían entradas VIP que incluían un precio base (conocido en el sector como ‘face value’) y un incremento (denominado ‘uplift’). El ‘face value’ remunera el acceso y disfrute del espectáculo por parte del público, mientras que el ‘uplift’ va ligado a una serie de contraprestaciones adicionales, como acceso o ubicación preferente, ‘merchandising’ de la propia artista y otras prestaciones. La tarifa de SGAE se aplica únicamente sobre el ‘face value’, ya así lo prevé expresamente el reglamento de SGAE, y así se ha venido realizando el cálculo de los derechos en cualquiera de los conciertos celebrados en este país en los cuales ha existido venta de entradas VIP. Los certificados oficiales emitidos por la ‘ticketera’ que se encargó de la recaudación de estos conciertos, y los cuales han sido entregados por Last Tour a SGAE, recogen el 100% del ‘face value’, que es la cifra sobre la cual se calcula el importe de los derechos. El ‘uplift’ a VIP ni siquiera corresponde a Last Tour, por lo que SGAE pretende gravar a Last Tour aplicando su tarifa sobre un importe que Last Tour no ha recibido».
Menos prolijo es el texto respecto a otro de los puntos cruciales: el impago de otros dos millones de euros a diversos artistas entre 2022 y 2024: «No es cierto que Last Tour no haya abonado derechos desde 2022, incluso algunos de los conciertos citados por SGAE como impagados no lo están, sino que los derechos han sido abonados por Last Tour».
«Last Tour», termina el comunicado, «ha intentado por todos los medios evitar el recurso a los tribunales y, en este sentido, planteó diferentes vías para resolver la situación con SGAE, como la medición o el arbitraje, y ante diferentes instituciones, si bien todas y cada una de ellas han sido rechazadas por SGAE. En el caso de los conciertos de Taylor Swift, de todas las alternativas planteadas por Last Tour, SGAE únicamente aceptó la posibilidad de someter la discrepancia a un arbitraje ante la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), pero finalmente la entidad, de forma abrupta y unilateral, rompió las conversaciones, comunicó su decisión de despegarse del planteamiento que ella misma había aceptado, rechazó toda posibilidad de diálogo y se ha encomendado a una batalla judicial».
Según ha podido saber este diario, los autores afectados (grandes figuras y artistas más independientes) esperan que se resuelva la situación lo antes posible para poder cobrar el dinero que les debe la promotora.
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