A las 14.15 del domingo 23 de noviembre de 1975, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa preparada para dar sepultura a Francisco Franco en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Los análisis documentados del infame pasado franquista se llevan mal con los relatos fáciles o de autobombo
A las 14.15 del domingo 23 de noviembre de 1975, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa preparada para dar sepultura a Francisco Franco en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Lo que entonces empezaba no tenía un curso ni un plan determinado. El grueso del caparazón de esa dictadura de cuarenta años, salida de un golpe de Estado y de una guerra de exterminio, no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos, ofrecía las mejores garantías. Poseía en sus manos un poderoso aparato represivo y había muchos fieles todavía dispuestos a defender sus privilegios, presentes en el ejército, en las Cortes, en el Consejo Nacional del Movimiento, en los sindicatos verticales, en los consejos de administración de las empresas públicas y en los medios de comunicación.
Carlos Arias Navarro, último presidente del Gobierno con Franco, continuó en el puesto en el primer Ejecutivo de la Monarquía. Los ministros que comenzaron su mandato el 13 de diciembre de 1975 habían acumulado un amplio y largo currículum como servidores del Caudillo. Arias les dijo que se les llamaba “para preservar y continuar la gigantesca obra de Francisco Franco, perfeccionándola y adecuándola a las exigencias de cada momento”. En realidad, fueron años sembrados de conflictos, de obstáculos previstos y de problemas inesperados, en un contexto de crisis económica y de incertidumbre política.
La descripción que hicieron los principales “reformistas” del franquismo presentes en ese Gobierno de Arias Navarro y en los posteriores de Adolfo Suárez no coincide con la aportada por las investigaciones más sólidas de la historiografía. El centro de esa explicación es que la transición a la democracia fue creación casi exclusiva de los dirigentes que estaban al frente de las instituciones de la dictadura.
Rodolfo Martín Villa fue un alumno aventajado de esa escuela: “La izquierda es la que enarbola la bandera de la democracia. Nosotros nos limitamos a traerla. Nada menos”, escribió en un libro publicado en 1984 con el significativo título de Al servicio del Estado. Uno de los momentos decisivos de su protagonismo ocurrió el 18 de noviembre de 1976, cuando 435 de 531 procuradores de las Cortes votaron a favor de la Ley para la Reforma Política. Para conseguir ese masivo apoyo, que propiciaría el desmantelamiento legal de las instituciones franquistas, a muchos procuradores les convencieron con promesas de premios, prebendas y cargos públicos. Suárez les advirtió del riesgo que asumían, si rechazaban el proyecto, de enfrentarse en el futuro cercano a una propuesta más rupturista que no tratara con tanta consideración su pasado autoritario y cuestionara sus privilegios y patrimonios: “salvo acostarnos con ellos, hicimos de todo”, le confesó Martín Villa al historiador Charles Powell en esa visión triunfante de la transición.
Aquel plan de las Cortes franquistas para continuar “el franquismo sin Franco” tuvo obstáculos desde arriba y una presión más fuerte de lo esperado desde abajo. Hubo que buscar acuerdos, una urgencia presentada después como virtud y esencia del “consenso”. Las protestas y los conflictos desaparecen, sin embargo, en los relatos de esa elite política que procedía de la dictadura.
La protesta no procedía solo de las filas del movimiento obrero. Junto a las movilizaciones que tenían su origen en los centros de trabajo proliferaron las acciones protagonizadas por sectores sociales, colectivos y organizaciones de diverso signo que habían surgido en los últimos años de la dictadura: las asociaciones estudiantiles, el movimiento ciudadano de los barrios, los sectores de base de la Iglesia, las reivindicaciones de intelectuales y profesionales, los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas y otros grupos más o menos heterogéneos que representaban a nuevos movimientos sociales como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo. Una auténtica eclosión de protestas democráticas que en los meses iniciales de 1976 sacudió el territorio español.
Los datos oficiales del Ministerio de la Gobernación reconocían que sólo en el primer trimestre había habido 17.455 huelgas, 1.627 manifestaciones y 283 encierros. José María de Areilza hablaba de las “olas de una galerna” para referirse al aluvión de huelgas, manifestaciones, encierros, asambleas, demandas salariales, peticiones de amnistía y libertad y reivindicaciones de autonomía, cada vez más presentes en los medios de comunicación, que hicieron comprender a las elites que monopolizaban el poder, y al propio Rey, que la situación se escapaba de sus manos y podían perderlo todo si no se emprendía un proyecto reformista más serio y decidido.
La mayoría de las acciones colectivas de protesta, aunque en general se desarrollaron por medios pacíficos, se situaban fuera de la legalidad vigente. No podía ser de otra manera en un escenario sin derechos de expresión, reunión y asociación. En 1976 había en España más de un millar de presos políticos, los miembros de la Brigada de Investigación Político-Social trabajaban con ahínco, el Tribunal de Orden Público (TOP) abrió en ese año casi cinco mil causas con penas de cárcel, sanciones administrativas y elevadas multas, y la censura se empleaba a fondo a través de las suspensiones gubernativas, las incautaciones de periódicos y los expedientes de la Dirección General de Prensa.
“La calle es mía”, decía Manuel Fraga, y en la calle se repetían las cargas policiales, el cierre de locales, las detenciones masivas, los encarcelamientos arbitrarios y los malos tratos y torturas en los cuarteles y comisarías. Y también disparos de metralleta. Un obrero muerto en Elda en el mes de febrero, víctimas mortales en Tarragona, en Sant Adrià de Besòs o en Basauri y, por encima de otros ejemplos, el trágico balance del asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís: cinco trabajadores muertos y varias docenas de heridos. La masacre del 3 de marzo en Vitoria desencadenó una amplia campaña de protesta en toda España contra la impunidad y la brutalidad de la represión y desacreditó definitivamente las vanas promesas de reforma del Gobierno de Arias Navarro. Las movilizaciones de solidaridad con los presos políticos y con las víctimas de la violencia denunciaban también la permisividad de la policía, cuando no la connivencia, con los atentados de radicales ultraderechistas como las bandas de Guerrilleros de Cristo Rey o los jóvenes militantes de Fuerza Nueva.
El relato de aquellos ministros, como Rodolfo Martín Villa, que se define como “excombatiente” de la Transición, silenció también el largo y cruel terror que Franco y sus compañeros de armas iniciaron con la sublevación militar de julio de 1936. Durante la Guerra civil y en la posguerra decenas de miles de “enemigos” fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó durante años políticas de venganza. La combinación de la represión y el culto a la personalidad consolidaron su poder. El peso de la ley se encargó del resto.
Las memorias se cruzaron con ardor en España desde los años noventa, después de un largo período de indiferencia política y social hacia la causa de las víctimas de la represión franquista. Las acciones para que esas víctimas tuvieran un reconocimiento público y una reparación moral encontraron, sin embargo, muchos obstáculos. Lo que no debe hacerse, dice ahora Martín Villa, es “imponer una memoria única”. Ese es uno de los principales desafíos de los historiadores, que intentamos diferenciar entre historia y memoria, entre conocimiento documentado y subjetividad. Pero los análisis documentados de los pasados infames se llevan mal con los relatos fáciles o de autobombo. En tiempos de mentiras y propaganda, necesitamos rigor y complejidad frente a las preconcepciones ideológicas y las lecturas sesgadas.
EL PAÍS
