Cinco exconsejeros catalanes presionan a la jueza del ‘caso Sijena’ con una querella

Los exconsejeros de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa y Joan Manuel Tresserras con Lluís Puig en la pantalla y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas en el centro.

La batalla judicial por la pinturas románicas de Sijena ha superado este martes una nueva pantalla en esa larga década que acumula en los juzgados. Cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat han decidido presentar una querella criminal contra la jueza encargada de ordenar al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que devuelva los murales del siglo XII al Monasterio de Sijena haciendo valer una sentencia del Tribunal Supremo de mayo pasado. La demanda, que también recae sobre los encargados de pedir la ejecución del fallo en el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, persigue “evitar la destrucción de unas obras universales insustituibles”, que supondría infringir el artículo 321 del Código Penal: la alteración o destrucción de “edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”. Pero la jugada, con una alargada sombra de Junts, es sobre todo una medida de presión con el gran interrogante de su recorrido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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 Le acusan, entre otros delitos, de prevaricar por querer trasladar los murales románicos pese a los supuestos daños que sufrirán  Los exconsejeros de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell, Laura Borràs, Àngels Ponsa y Joan Manuel Tresserras con Lluís Puig en la pantalla y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas en el centro.

La batalla judicial por la pinturas románicas de Sijena ha superado este martes una nueva pantalla en esa larga década que acumula en los juzgados. Cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat han decidido presentar una querella criminal contra la jueza encargada de ordenar al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que devuelva los murales del siglo XII al Monasterio de Sijena haciendo valer una sentencia del Tribunal Supremo de mayo pasado. La demanda, que también recae sobre los encargados de pedir la ejecución del fallo en el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, persigue “evitar la destrucción de unas obras universales insustituibles”, que supondría infringir el artículo 321 del Código Penal: la alteración o destrucción de “edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”. Pero la jugada, con una alargada sombra de Junts, es sobre todo una medida de presión con el gran interrogante de su recorrido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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